EL Constitucional avala los conciertos a la educación diferenciada

No es la primera sentencia ni será la última. Pero, el Tribunal Constitucional (TC) ha fallado en favor de los intereses de los centros educativos que separan a los alumnos por sexos, y en contra del criterio de la Junta de Andalucía, en uno de los varios pleitos interpuestos por la negativa del Gobierno socialista andaluz a mantener los conciertos (o sea, la financiación pública) de la denominada ‘educación diferenciada’, la que educa en diferentes aulas a niños y niñas.

Se trata de una victoria jurídica, avalada por el más alto Tribunal, de quienes defienden el derecho de los padres a elegir, en libertad, un modelo de enseñanza, que ha provocado un largo pleito con los centros, tras decidir la Junta de Andalucía en el año 2013 la eliminación progresiva de los conciertos que mantiene con doce instituciones andaluzas.

Esta sentencia tiene también especial repercusión en Cantabria, ya que el Gobierno de coalición PRC-PSOE suprimió, hace ahora ocho años, el concierto al Colegio Torrevelo-Peñalabra amparándose en que ofrecían educación diferenciada. Con esta sentencia los argumentos jurídicos quedan eliminados y, por tanto, debe prevalecer la libertad de las familias, que pagan sus impuestos para sostener la educación, para elegir el modelo que quieran, dentro de las normas constitucionales.

Curiosamente, esta sentencia del TC, dada a conocer el día 12 de este mes de enero, no ha tenido eco en los medios de comunicación, mientras que las decisiones de los gobiernos socialistas de retirar los conciertos educativos si fueron difundidas ampliamente. Una prueba más de la carencia de músculo informativo del PP, que ni siquiera ha comparecido en Cantabria para explicar esta sentencia del TC que avala sus decisiones durante su etapa de gobierno, etapa en la que el consejero Miguel Ángel Serna restituyó el concierto al colegio Torrevelo-Peñalabra entre grandes criticas del PSOE de Cantabria.

La sentencia del TC es  muy importante, ya que no existe otra instancia en España que esté por encima del TC, y es la palabra final sobre los intentos del PSOE de imponer sus criterios sobre el derecho de las familias a elegir el modelo educativo para sus hijos. Los argumentos legales quedan deslegitimados.