Se complica la situación de los afectados por las sentencias de derribo.

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Los integrantes de la Asociación de maltratados por la Administración (AMA) observan con preocupación como, tras cuatro años del nuevo Gobierno y las promesas de solucionar su situación, la legislatura toca a su fin sin que se consoliden la legalización de sus casas. El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) sobre el artículo de la Ley del Suelo que regula las autorizaciones provisionales para las viviendas con sentencias de derribo. Esto complica aun más la situación y crea mayor incertidumbre. Mientras en Andalucía se han legalizado cientos urbanizaciones y miles de casas que inicialmente era ilegales, en Cantabria el problema sigue abierto.
Por si fuera poco los anuncios gubernamentales se incumplen. Así las manifestaciones de que para diciembre de 2014 o enero de 2015 comenzaría la demolición de las viviendas de El Cuco (En Piélagos), viviendas sin terminar y sin propietarios privados, los plazos se han cumplido sin que existan indicios de que se procederá a tirar las viviendas y, lo que es más importante, acometer la obra de reponer el terreno a su estado original. Una obra que tiene un coste elevado.
No es de extrañar la preocupación de quienes tienen sus casas condenadas a desaparecer desde hace muchos años y que no ven una salida a su problema, mientras que los causantes del mismo están libres de responsabilidad.

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