Trasladará a los internos a otros centros de la Comunidad Autónoma y supondrá un máximo de 80 despidos entre el personal de la residencia. Un centro de gestión pública que no cumple la normativa para las residencia ni de seguridad, y que necesitaría una inversión superior a los 6 millones y medio de euros, por lo que se ha tomado esta decisión. Los internos serán trasladados a los centros de Cueto, Laredo y otros privados del municipio, y los trabajadores no funcionarios serán despedidos si no hay plazas en otros centros. Noticia que recibieron ayer con gran sorpresa puesto que les aseguraron que no cerrarían, pero el gobierno afirma que no queda otra opción.
Por otra parte, el gobierno sacará a concurso el centro de Castro Urdiales, puesto que se realizaba gestión directa desde el ejecutivo y es un 40% más cara que la que gestionan manos privadas. En este caso, en el concurso se garantiza que se mantendrán los 19 puestos de trabajo.
Se espera que ambos procesos finalicen en un máximo de tres meses, aunque el que cierra ya es el comedor social de Santoña, un centro que costaba 200.000 euros al año pero que atendía a todos los empadronados en Santoña, no sólo a los que carecían de medios.
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